El caso de Palmas del Cesar se desarrolló a finales de 2019, una época de circunstancias rápidamente cambiantes en la industria mundial de la palma. El estudio se llevó a cabo en momentos en que las preocupaciones ambientales ligadas a la deforestación en Malasia e Indonesia, países que producen el 85 % del aceite de palma del mundo, habían aumentado de manera notoria, a lo que se le añadía crecientes cuestionamientos a las prácticas laborales en esta región del mundo. En este contexto, muchos países consumidores de aceite de palma han venido demandando el estricto cumplimiento de estándares internacionales sobre prácticas ambientales y sociales, muchas de ellas exigidas mediante certificaciones como las que expiden RSPO y Rainforest Alliance.

En Colombia, la industria del aceite de palma enfrentó, por largo tiempo, estos y otros desafíos. Entre 2012 y 2015, las compañías debieron adaptarse a los cambios en la legislación relacionados con el uso de subcontratistas o esquemas de subcontratación laboral para satisfacer sus necesidades de mano de obra en el campo, mientras que los trabajadores exigían poner fin a las prácticas relacionadas con el uso de la subcontratación laboral.

En Palmas del Cesar (Palcesar), las exigencias por parte de las organizaciones de trabajadores llevaron a dos huelgas prolongadas que finalizaron en 2015 con la eliminación de la subcontratación laboral y la formalización de contratos directos entre la empresa y los trabajadores. Para Fabio González, Gerente General de Palcesar, la formalización laboral fue mucho más que un medio de contratación: “La formalización trae nuevos desafíos, que deben ser superados, pero el primer gran resultado es la paz social. Es poder volver a verse con confianza. Es poder verse el uno al otro con respeto otra vez. Es poder sentir que estamos juntos en esto para construir un futuro juntos”.

Entre los beneficios de la resolución exitosa de los conflictos laborales en Palcesar estaba la certificación del aceite de palma producido en las plantaciones propias de la empresa como “aceite de palma sostenible”, en cumplimiento con los estándares sociales y ambientales de RSPO. Pero, aunque la fruta de palma producida en las propias plantaciones de la compañía estaba certificada, solo un tercio de la fruta recibida por su planta extractora provenía de estas plantaciones. El resto provenía de más de trescientos productores asociados, en su mayoría pequeños propietarios, que no podían asumir el costo de la formalización laboral sin cambiar sus prácticas y aumentar sus niveles de productividad.

Fabio González entendía que mejorar las prácticas laborales de sus productores asociados era un paso necesario, no solo para permitirle a Palcesar vender aceite de palma certificado por RSPO, sino también, y lo que es más importante, como parte de un enfoque integrado para mejorar los ingresos rurales y la sostenibilidad de los pequeños productores en el área de influencia de la compañía. Dada la historia de conflictos en muchas de las zonas rurales de Colombia, la integración en los procesos de certificación a los pequeños productores pone de manifiesto que la paz laboral duradera y la estabilidad social en las zonas productoras solo se puede alcanzar a través de condiciones laborales y comerciales claras, acompañadas de mejoras en los ingresos, tanto para los pequeños productores como para los trabajadores rurales.